Delegación de Pastoral Familiar Mensaje de los Obispos de la CEE
con motivo de la Jornada por la Vida 2013.
Lunes 8 de abril de 2013
La Iglesia quiere celebrar en esta Jornada por la Vida el don precioso de la vida humana, especialmente en las primeras etapas tras su concepción. En esta ocasión, de manera especial, ante la falta de protección a la que hoy en día está sometida.
En esta ocasión, nuestro punto de partida no puede ser otro más que el de la sagrada dignidad del hombre y del valor supremo de su vida para toda conciencia recta. Vivir es el primero de los derechos humanos, raíz y condición de todos los demás. El derecho a la vida se nos muestra aún con mayor fuerza cuanto más inocente es su titular o más indefenso se encuentra, como en el caso de un hijo en el seno materno.
La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad. Este servicio que ha de prestar la autoridad no consiste más que en recoger la demanda que está presente en la sociedad constituida por personas que nacen a la vida en el seno de una familia, célula básica de dicha sociedad. El derecho a la vida, que no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y este tiene siempre la obligación de tutelarlo.
Afirmar y proteger el derecho a la vida y en concreto el de un hijo en el seno materno, derecho que es inherente a todo ser humano y que constituye la base de la seguridad jurídica y de la justa convivencia, resulta esperanzador y próspero para la sociedad.
El papa Benedicto XVI nos recordó el gran valor y la importancia que el reconocimiento, aprecio y defensa la vida humana tiene para la construcción de la paz social, el desarrollo integral de los pueblos y el cuidado y protección del ambiente:
«Quienes no aprecian suficientemente el valor de la vida humana y, en consecuencia, sostienen, por ejemplo, la liberación del aborto, tal vez no se dan cuenta que, de este modo, proponen la búsqueda de una paz ilusoria. La huida de las responsabilidades, que envilece a la persona humana, y mucho más la muerte de un ser inerme e inocente, nunca podrán traer felicidad o paz. En efecto, ¿cómo es posible pretender conseguir la paz, el desarrollo integral de los pueblos o la misma salvaguardia del ambiente, sin que sea tutelado el derecho a la vida de los más débiles, empezando por los que aún no han nacido? Cada agresión a la vida, especialmente en su origen, provoca inevitablemente daños irreparables al desarrollo, a la paz, al ambiente. Tampoco es justo codificar de manera subrepticia falsos derechos o libertades, que, basados en una visión reductiva y relativista del ser humano, y mediante el uso hábil de expresiones ambiguas encaminadas a favorecer un pretendido derecho al aborto y a la eutanasia, amenazan el derecho fundamental a la vida».
En nuestro contexto actual, parece obligado añadir que una conciencia cristiana bien formada no debe favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral en este sentido. Dado que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica.
Por otro lado y de igual modo queremos decir que el compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. En esta línea de responsabilidades consideramos importante recordar que tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia.
Es, como obispos, nuestra obligación ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes. En este sentido, debemos reiterar que la actual legislación española sobre el aborto es gravemente injusta, puesto que no reconoce ni protege adecuadamente la realidad de la vida. Es, pues, urgente la modificación de la ley, con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al mas elemental y primario derecho de la vida.
También es apremiante la difusión que en este campo realiza la Iglesia a través de diversas entidades como los COF (Centro de Orientación Familiar); la formación de las personas que trabajan en ellos; la creación de dichos centros donde no los haya; la incorporación de más católicos responsables, comprometidos y formados en las diversas tareas que este trabajo a favor de la vida conlleva. Entre estos trabajos consideramos importante resaltar la labor de asistencia y ayuda a las madres embarazadas, en riesgo de abortar, en el nivel asistencial-material y también en el psicológico antes y después de un posible aborto. En este sentido urgimos también, a la formación de sacerdotes en este terreno para poder asistir adecuadamente a las cada vez más numerosas madres que padecen el síndrome post-aborto.
Por todo ello y dada la fragilidad de la condición humana y conscientes de nuestras limitaciones, invocamos y pedimos la ayuda a santa María Virgen, Madre de la Vida.
Para más información pinchar en el enlace JORNADA POR LA VIDA 2013.
